Estuvo acompañado por la Secretaría Académica del ISCGP, Silvana Parodi; además de por el Gerente de Fiscalización, Marcelo Cainzos; el Subgerente de
Fiscalización del Sector Financiero, Producción y Transporte, Héctor Canaveri, y el Subgerente de Fiscalización del Sector Defensa, Energía y Servicios, Juan Manuel Suárez, quienes serán docentes de la capacitación dada su vasta trayectoria y experiencia en la materia.
Entre los presentes se encontraba Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
En este marco, Alejandro Díaz dio la bienvenida a los participantes y remarcó la importancia de esta formación “como requisito necesario” dado el proceso que realiza Argentina de ingreso a la
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-. “La oferta académica suele provenir del ámbito privado y lo que buscamos con esta diplomatura es formarnos en aspectos específicos
de la gestión pública que no suelen abordarse en ese ámbito. Es fundamental comprender cómo incide la vida política en la gestión empresaria y cuáles son los riesgos que debemos enfrentar al
gestionar una empresa pública”, destacó.
“La idea es que podamos compartir nuestra experiencias, y nos enriquezcamos entre todos” subrayó.
Además, se refirió a los principales objetivos de las empresas estatales y la necesidad de profesionalizar sus directorios: “Las empresas estatales pertenecen a todos los argentinos. El ciudadano invierte
involuntariamente en ellas a través de sus impuestos entonces nosotros tenemos el deber de rendir cuentas”, expresó.
Con una duración de 8 semanas y dictada en modalidad semipresencial, la diplomatura aspira a consolidar una nueva generación de directores y funcionarios públicos que comprendan que la gestión moderna trasciende
la mera verificación normativa y constituye una herramienta de generación de valor, fortalecimiento institucional y mejora continua de la gestión empresarial pública.
Se trata de una formación que busca avanzar hacia modelos integrales de gobernanza capaces de responder a las crecientes exigencias de los entornos económicos y regulatorios contemporáneos; y orientar el desempeño de las empresas públicas a fortalecer la calidad de sus sistemas de gobierno corporativo, la claridad de los objetivos definidos por el Estado propietario,
la profesionalización de los directorios, la gestión de riesgos y de la capacidad institucional para generar valor económico y social de manera sostenible.